Los comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía reafirmaron su rechazo a las actividades hidrocarburíferas en el área protegida y manifestaron que la solución definitiva al conflicto no pasa únicamente por el cierre de los procesos judiciales contra los defensores del territorio, sino por la anulación de los contratos y decretos que autorizan el ingreso de empresas petroleras a la zona.
El representante del Comité de Defensa de Tariquía, Juan Mendoza, sostuvo que la reciente resolución favorable en el proceso judicial que enfrentaban los comunarios ratifica la inocencia de quienes, según afirmó, únicamente defendieron el patrimonio natural del departamento.
«Nosotros somos inocentes y vamos a seguir siendo inocentes, porque lo único que hemos hecho es defender nuestros derechos y defender Tariquía, que pertenece a todos los tarijeños y a todo el país», expresó.
Sin embargo, Mendoza aseguró que el conflicto de fondo permanece intacto. Señaló que las operaciones impulsadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) junto a Petrobras generaron profundas divisiones dentro de las comunidades campesinas e indígenas asentadas en la reserva.
«Lo que han hecho es fraccionar comunidades, dividir familias. Ha sido muy triste todo lo que se ha vivido durante estos últimos años en el cantón Chiquiacá», lamentó.
En ese contexto, indicó que el levantamiento de los procesos judiciales o eventuales disculpas no serán suficientes para reparar los daños ocasionados. A su criterio, existen perjuicios económicos, sociales y morales que todavía no han sido resarcidos.
Respecto a la posibilidad de retomar el diálogo con las empresas petroleras, Mendoza señaló que cualquier decisión deberá ser asumida colectivamente por las comunidades afectadas, aunque insistió en que la principal demanda continúa siendo la protección integral de la reserva.
Asimismo, cuestionó la presencia reciente de autoridades nacionales en la zona para evaluar los daños ocasionados por los desastres naturales, señalando que esa intervención llegó varios meses después de ocurridos los hechos.
El dirigente también pidió que las autoridades prioricen otras necesidades urgentes de la región, como la rehabilitación de la carretera Entre Ríos–Tarija, cuyo deterioro —dijo— afecta diariamente a las comunidades de la provincia O’Connor.
Mendoza manifestó que el mayor alivio para los habitantes de Tariquía llegará únicamente cuando se deje sin efecto el marco legal que permitió el avance de la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas.
«Esperemos que las empresas no continúen trabajando. Para nosotros habrá tranquilidad cuando se anulen los contratos y también los decretos que abrieron las puertas a nuestra reserva y a las demás reservas del país», concluyó.
