El vicepresidente Edmand Lara pidió al fiscal general interino, José Armando Urioste, transparentar las denuncias y procesos pendientes, entre ellos los casos vinculados con Fernando Cerimedo, el exejecutivo de YPFB y otras investigaciones por presunta corrupción. También se refirió al nombramiento de Peter Maldonado como viceministro, cuestionó la demora en la elección de autoridades titulares y criticó la política económica del Gobierno. Además, habló sobre las amenazas contra autoridades, la cooperación internacional y advirtió sobre un posible alejamiento de aliados del presidente Rodrigo Paz.
Lara pide transparencia al nuevo fiscal
Lara afirmó que el fiscal general interino debe transparentar las circunstancias de su llegada al cargo y pidió que revele el nombre del empresario que, según Urioste, le solicitó su currículum.
“En el marco de la transparencia, buenas referencias del doctor Urioste, yo le pediría que cuál es el nombre de ese empresario”, manifestó.
El vicepresidente sostuvo que, independientemente de la forma en que fue elegido, Urioste debe cumplir con su responsabilidad. “El doctor Urioste tiene que ser transparente”, afirmó.
También pidió que el proceso contra Fernando Cerimedo no quede estancado. “Usted no puede permitir que los casos de Fernando Cerimedo se queden ahí nomás”, señaló, al referirse al traslado del argentino a Palmasola.
Pide investigar casos de corrupción
Lara sostuvo que el nuevo fiscal debe priorizar varias investigaciones que, según afirmó, quedaron paralizadas.
“Uno de los casos que también le debe prestar atención el fiscal interino es el caso de Icli, el expresidente de YPFB. Corrupción del anterior gobierno de Luis Arce, caso Dorgaten”, afirmó.
También mencionó al exministro Medinaceli y pidió investigar las denuncias relacionadas con Roger Mariaca.
“Yo le pido al fiscal que se acabe la impunidad contra YPFB”, manifestó. Luego insistió: “Señor Urioste, investiga a YPFB, al expresidente de YPFB y todos los hechos de corrupción que hasta ahorita han quedado parados”.
Sobre las versiones de que Mariaca habría negociado con personas investigadas, aclaró que se trata de comentarios que no fueron probados y pidió que sean investigados.
“¿Por qué no lo investigas?”
Lara también se refirió a la declaración de Urioste sobre un fiscal departamental que supuestamente habría pagado $us 7.000 para acceder al cargo.
“Él dice un fiscal departamental me llamó y me dijo que pagó 7.000 dólares para el cargo. Pero como autoridad, si te están diciendo que pagaron para un cargo, ¿por qué no lo investigas?”, preguntó.
El vicepresidente sostuvo que, si esa denuncia fuera cierta, también debería investigarse al funcionario que presuntamente pagó.
“Ese fiscal que pagó también debería estar investigado”, afirmó.
Y agregó: “Si el fiscal general se calla y no hace nada, está incurriendo en incumplimiento de deberes”.
Lara pidió que Urioste revele quién sería ese fiscal departamental. “Ojalá que él diga quién es ese fiscal departamental que ha pagado”, manifestó.
Lara defiende la investigación de audios
Respecto a un audio relacionado con Amílcar Barral y un coronel de la Policía, Lara negó haber intervenido comunicaciones privadas y explicó que el material le fue compartido.
“Ese audio me lo han compartido a mí. Y no es delito compartir un audio o una información”, sostuvo.
Afirmó que lo que corresponde investigar es el origen del material. “Lo que hay que investigar es el origen, quién grabó, cuándo grabó, en qué circunstancias grabó”, señaló.
Lara dijo que presentará una denuncia y sostuvo que existen elementos que deberían ser esclarecidos, especialmente por las afirmaciones atribuidas al coronel sobre presuntas irregularidades en la detención de Sebastián Marset.
“Si es real, me llama la atención que un coronel, el jefe nacional de Inteligencia, diga que han habido irregularidades en la detención de Marset”, afirmó.
También pidió que la Fiscalía investigue todos los audios bajo los mismos criterios. “Si se van a basar en audios para investigar, entonces que investiguen todos los audios”, manifestó.
Crítica a Peter Maldonado
Sobre la designación de Peter Maldonado como viceministro, Lara sostuvo que el presidente tiene la atribución de nombrar a sus autoridades, pero consideró que debió optar por alguien sin vínculos políticos.
“Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de evitar las críticas y las susceptibilidades, considero yo que era mejor poner a una persona que no esté vinculada a lo político”, afirmó.
Lara agregó que existen profesionales que esperan una oportunidad y cuestionó que se vuelva a recurrir a los mismos actores.
“Yo creo que ya la gente está cansada de los mismos”, sostuvo.
Luego planteó la necesidad de renovar el equipo gubernamental. “Este gobierno necesita oxigenación, pero oxigenación con gente nueva”, afirmó.
Elección del nuevo fiscal General
Sobre el proceso para elegir al fiscal general titular, Lara sostuvo que la norma establece que la interinidad no debe extenderse más allá de 90 días y pidió activar el procedimiento.
“La ley es clara e indica que el periodo de funciones del fiscal interino no debe ser mayor a 90 días”, afirmó. “No se debe esperar que pasen 90 días para convocar”, añadió.
Explicó que ya se remitieron notas a la Comisión de Justicia Plural para que sesione y apruebe la convocatoria.
Lara también planteó trabajar una nueva ley corta si la actual norma no permite desarrollar el proceso. “Cuando hay voluntad política, todo se puede hacer, pero cuando hay cálculos políticos para beneficiar a ciertos personajes del Estado, le ponen pretextos”, manifestó.
Magistrados y autoridades interinas
El vicepresidente también cuestionó la demora en la elección de autoridades titulares de distintas instituciones y señaló que existen acuerdos que no avanzan en la Asamblea Legislativa.
“Nosotros no defendemos personas, defendemos la institucionalidad, defendemos la ley, defendemos la Constitución y siempre lo vamos a hacer”, afirmó.
Sobre la elección de autoridades del Banco Central, la ASFI y otras instituciones, sostuvo que hubo un proyecto de ley corta trabajado con las distintas fuerzas políticas, pero que posteriormente surgieron obstáculos para su firma.
“Hay cosas que pasan dentro de diputados y senadores que uno al final no entiende”, señaló.
También cuestionó que se prolonguen los interinatos. “No entiendo a dónde quiere llegar y por qué quieren buscarle pelos en la sopa para seguir alargando el interinato de estas autoridades que por ley ya no deberían estar”, manifestó.
Críticas a la política económica
Lara afirmó que todavía existe tiempo para que el Gobierno reencamine su gestión, pero consideró que el margen es limitado.
“Todavía hay tiempo para reencaminar muchas cosas, pero es un tiempo muy corto, muy limitado”, sostuvo.
Planteó cambios en la política económica, ajustes en el gabinete y reducción del gasto público.
“En la medida en que se reencamine la política económica, en la medida en que se hagan ajustes al gabinete, se recorte el gasto público, se asuman medidas realmente para salir de la crisis, en esa medida el pueblo boliviano va a entender y seguramente nos va a respaldar”, afirmó.
También advirtió que mantener el rumbo actual puede generar mayor descontento.
Crítica a las sanciones contra los bloqueos
Lara rechazó que el incremento de penas sea presentado como la solución a las protestas y sostuvo que se deben atender las causas que generan la movilización.
“No se trata simplemente de incrementar la pena”, afirmó.
Según dijo, factores como el desempleo, el incremento de los precios de la canasta familiar, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad deben ser atendidos.
“Yo creo que hay que atacar el problema de raíz”, manifestó.
También diferenció entre una protesta pacífica y actos vandálicos y pidió que las responsabilidades penales sean individuales.
“La protesta está consagrada a la Constitución, pero una cosa es salir a protestar de manera pacífica y otra cosa es que dentro de la protesta haya personas que cometan actos vandálicos”, sostuvo.
“No pueden hacer detenciones colectivas”, afirmó, y agregó que cada persona debe ser procesada de acuerdo con el hecho que presuntamente cometió.
“Este barco se está hundiendo”
Al evaluar los primeros meses de gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, Lara utilizó una comparación para referirse al alejamiento de algunos aliados y candidatos.
“Cuando el barco se hunde, las ratas escapan”, afirmó.
Según su percepción, algunos actores que acompañaron al Gobierno estarían tomando distancia por considerar que la administración atraviesa una situación de debilidad.
“Hay mucha gente que ve que este Gobierno está muy débil y se están empezando a ir”, manifestó.
También sostuvo que algunos aliados políticos del presidente ya estarían pensando en escenarios electorales. “Muchos aliados políticos de Rodrigo Paz también ya están haciendo política y han decidido desmarcarse de él”, afirmó.
Lara aclaró que se trata de su percepción personal y señaló que Paz podría tener una opinión diferente.
Cooperación internacional y soberanía
Sobre la cooperación internacional en materia de seguridad, Lara afirmó que Bolivia puede recibir apoyo en tecnología, capacitación y equipamiento, pero rechazó que agentes extranjeros realicen aprehensiones u operaciones dentro del país.
“La ayuda internacional es buena en la medida en que se respeta la soberanía, la Constitución y la ley”, sostuvo.
Añadió que “si es necesaria ayuda en tecnología, en capacitación, equipamiento de afuera, bueno, bienvenido sea”.
Sin embargo, marcó un límite: “Lo que no se puede permitir es que vengan policías de afuera a realizar aprehensiones acá”.
También rechazó una eventual presencia de tropas extranjeras para realizar operaciones. “No se puede permitir que vengan tropas extranjeras a hacer operaciones en Bolivia”, afirmó.
Sobre una posible instalación de bases militares estadounidenses, Lara señaló que no cuenta con información. “Sobre la instalación de bases militares, no tengo datos”, manifestó.
Sostuvo que cualquier ingreso de tropas militares extranjeras debe contar con autorización legislativa y que el límite de la cooperación debe ser “el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley”./EL PAÍS
