El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció este jueves que ocho de las nueve gobernaciones del país se declararon en estado de alerta y exigieron al Gobierno nacional avanzar, hasta el 31 de octubre, en una agenda de medidas destinada a fortalecer las finanzas departamentales y hacer realidad la redistribución de recursos bajo la fórmula 50/50.
La declaración fue emitida durante la reunión de gobernadores realizada en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en la plaza 24 de Septiembre, en el marco de los actos por el aniversario cívico departamental. En el encuentro estuvieron presencialmente Velasco, Luis Revilla (La Paz), María René Soruco (Tarija), Luis Ayllón (Chuquisaca), Édgar Sánchez (Oruro) y Leonardo Loza (Cochabamba).
El documento ratifica que la distribución 50/50 de los ingresos fiscales constituye, según los gobernadores, el punto de partida para una mayor autonomía fiscal. Plantea que el Gobierno incorpore desde 2027 la coparticipación tributaria para las gobernaciones, sin afectar los ingresos de municipios, autonomías indígena originario campesinas ni universidades públicas.
Velasco también reclamó la activación inmediata del cronograma acordado el 5 de agosto con el presidente Rodrigo Paz para implementar el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), con reprogramación de deudas y nuevos recursos para recuperar el equilibrio fiscal de las gobernaciones.
Entre las demandas figura además la aprobación de normas sobre la distribución de recursos, la devolución del 12% del IDH, la promulgación de la Ley de Retorno Económico y la eliminación de obligaciones que, según las gobernaciones, corresponden al nivel central.
Otro punto está relacionado con el incremento del costo del diésel tras la eliminación de la subvención. Los gobernadores pidieron compensaciones del Tesoro General de la Nación por el mayor gasto en combustible destinado a servicios departamentales, particularmente caminos, salud y operación de maquinaria.
“Nuestra causa principal es el 50-50”, afirmó Velasco, quien sostuvo que las mesas técnicas continuarán trabajando y advirtió que las gobernaciones no dejarán de reunirse hasta alcanzar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La declaración fija el 31 de octubre de 2026 como plazo para el cumplimiento de los puntos planteados y ratifica el estado de alerta de las gobernaciones./EL DEBER
