La Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, tras un ampliado departamental que se inició la tarde de este jueves, se declaró en estado de emergencia y anunció el desarrolló de una movilización pacífica.
Bajo el denominativo de la “Gran marcha departamental de la Dignidad Obrera Chuquisaqueña»”, la organización rechaza la crisis económica, el alza de la canasta familiar y la sordera del gobierno nacional ante las demandas de los trabajadores.
La determinación central de la resolución de ocho puntos aprobada en el encuentro exige la inmediata abrogación del Decreto Supremo 5676. De acuerdo con la dirigencia, esta norma constituye una medida antipopular que dispone el alza de los combustibles —estableciendo un precio diferenciado para el diésel— y profundiza una crisis económica que no debe ser cargada sobre los hombros de los trabajadores ni de los más pobres.
Marcelo Torres, dirigente de la COD señaló a Correo del Sur Radio, que el Gobierno no demostró la efectividad de este decreto para evitar el desvío de combustible por contrabando, por lo que la medida solo está golpea a la economía de la ciudadanía en general.
Asimismo, el ampliado exige a la administración de Rodrigo Paz respuestas “públicas, claras y transparentes” sobre temas sensibles. Entre las demandas de aclaración se encuentran el caso del avión siniestrado con dinero en la ciudad de El Alto, el contrabando ilegal, las denominadas “narcomaletas”, el alza del dólar y los casos de Nadia Beller y Fernando Cerimedo en vinculación con el entorno familiar del gobierno nacional.
En el ámbito local, la COD conminó a las autoridades departamentales y municipales a retomar las mesas de trabajo pendientes con sectores clave como salud pública, Concretec, trabajadores municipales, constructores, EMAS y EMAVs.
Igualmente, demandaron el respeto a la estabilidad laboral amparada en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, advirtiendo que defenderán las fuentes de trabajo con unidad y movilización. La dirigencia también respaldó la legitimidad de sus organizaciones afiliadas bajo el amparo del artículo 51 constitucional, rechazando cualquier intento de división, paralelismo sindical o sometimiento estatal.
Aunque la fecha, hora y ruta de la movilización serán definidas de manera interna por el comité ejecutivo, se prevé que la marcha se lleve a cabo en aproximadamente una semana y media. Los representantes explicaron que este lapso de tiempo permitirá coordinar la participación de los trabajadores de las provincias, incluyendo al magisterio rural y urbano, así como al sector salud. La movilización está planteada de forma pacífica, con el objetivo de defender el salario de los trabajadores frente al encarecimiento constante de la canasta familiar./CORREO DEL SUR
