El senador Abdón Porcel, miembro de la Comisión de Planificación del Senado, cuestionó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 mantenga recursos para financiar empresas públicas con pérdidas y aseguró que ese será uno de los principales puntos de observación durante el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta.
El legislador afirmó que el Estado no puede seguir destinando recursos a compañías que no generan producción ni resultados económicos positivos, en un contexto en el que el país enfrenta restricciones fiscales y necesita optimizar el uso de los recursos públicos.
La Comisión de Planificación recibió formalmente el presupuesto la tarde del lunes y prevé analizarlo entre este martes y miércoles con la presencia del ministro de Economía y del viceministro de Presupuesto, quienes deberán responder las observaciones planteadas por los legisladores. La intención es emitir el informe correspondiente para que el pleno del Senado trate el proyecto entre jueves y viernes.
«Esperamos que este tratamiento se pueda realizar entre hoy y mañana y, en el peor de los casos, estar tratando el presupuesto en el pleno entre jueves y viernes para tener una definición esta misma semana», explicó Porcel.
Cuestionan mayor financiamiento a empresas estatales
El principal reparo del senador apunta al incremento de recursos destinados a empresas públicas que, según dijo, continúan operando pese a registrar pérdidas o no desarrollar actividad productiva.
Porcel indicó que la revisión realizada por su bancada identificó inicialmente un incremento cercano a Bs 4.000 millones en las partidas destinadas a empresas estatales, aunque funcionarios del Ministerio de Economía sostienen que el aumento efectivo sería de aproximadamente Bs 800 millones, debido a que parte de esos recursos ya habría sido ejecutada. Esa diferencia será uno de los aspectos que el ministro deberá aclarar durante su comparecencia ante la comisión.
«No puede ser que sigamos financiando empresas que no producen. Hay empresas como Quipus y Senatex que siguen funcionando pese a que no producen nada», afirmó el senador.
El legislador sostuvo que el problema es más amplio y aseguró que, de acuerdo con la investigación realizada por Alianza Libre, existen más de 25 empresas públicas con problemas financieros.
Entre ellas mencionó a BoA, cuya situación calificó como preocupante debido a que, pese a operar prácticamente sin competencia en el mercado nacional, continúa registrando pérdidas.
«El Gobierno habló de 15 empresas quebradas, pero nosotros hemos identificado más de 25. El caso de BoA llama particularmente la atención porque opera en un mercado monopólico y aun así presenta pérdidas, lo que demuestra problemas estructurales de gestión», manifestó.
Un presupuesto que llega con retraso
Porcel recordó que el tratamiento del presupuesto reformulado se produce con varios meses de demora.
Explicó que el PGE correspondiente a 2026 debía ser aprobado en diciembre del año pasado, pero terminó entrando en vigencia por fuerza de ley el 31 de diciembre, luego de que no fuera tratado oportunamente por la Asamblea Legislativa.
El Gobierno había comprometido presentar una versión reformulada hasta el 5 de febrero; sin embargo, el proyecto recién fue remitido a la Asamblea a finales de abril. Posteriormente, las dificultades para convocar reuniones con el Ministerio de Economía y el receso parlamentario terminaron retrasando aún más su tratamiento en el Senado.
Otro de los aspectos cuestionados por el senador es el déficit fiscal proyectado en el presupuesto reformulado.
Si bien reconoció que la reducción desde el 13% planteado inicialmente hasta el 9,2% constituye un avance, consideró que el ajuste todavía es insuficiente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Porcel señaló que este indicador adquiere mayor importancia debido a las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de hasta $us 2.800 millones.
Explicó que uno de los principales elementos que evalúa el organismo internacional es precisamente el presupuesto nacional y la capacidad del país para reducir gradualmente el déficit.
«Si el Fondo Monetario ha aceptado este presupuesto, es de esperar que en dos o tres años el déficit fiscal pueda reducirse hasta alrededor del 3%, que sería un nivel sostenible», afirmó.
El legislador agregó que el acceso a recursos del FMI también permitiría abrir nuevas fuentes de financiamiento con organismos multilaterales y fortalecer la confianza de inversionistas privados.
Reclaman señales para las regiones
Durante la entrevista, Porcel también lamentó que el presupuesto reformulado no incorpore avances hacia el modelo de redistribución denominado 50-50, una de las principales propuestas del actual Gobierno.
Indicó que la Comisión de Planificación propondrá discutir mecanismos para incrementar la participación de gobernaciones y municipios en la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT).
Según explicó, actualmente alrededor del 75% de la recaudación del IT permanece en el Gobierno central, mientras que el 25% restante se distribuye entre municipios y universidades.
A juicio del senador, una redistribución de esos recursos permitiría fortalecer las finanzas de las regiones sin necesidad de crear nuevos impuestos y representaría una primera señal hacia la implementación del modelo de coparticipación anunciado por el Ejecutivo.
Porcel también se refirió al comportamiento del tipo de cambio y afirmó que el incremento de la cotización del dólar ya está afectando el poder adquisitivo de la población.
Señaló que desde el 20 de junio el tipo de cambio pasó de Bs 9,73 a Bs 11,34 por dólar, una variación superior al 20%, y consideró que el Banco Central debería aplicar mecanismos para reducir la volatilidad del mercado cambiario.
Asimismo, expresó su expectativa de que parte de los recursos que el país obtenga mediante el crédito del FMI sean destinados a fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), con el objetivo de respaldar la estabilidad del tipo de cambio.
«Ojalá una parte de ese financiamiento sirva para fortalecer las reservas internacionales y ayudar a regular el mercado cambiario», concluyó el legislador./EL DEBER
