Al menos 20 empresas públicas acumulan pérdidas superiores al valor de su patrimonio, según el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho. La entidad mantiene reuniones con siete ministerios para explicar el diagnóstico financiero que servirá de base para definir el futuro de estas compañías.
“Son 20 empresas que tienen una criticidad alta es decir que ya han acumulado pérdidas superiores al valor de su patrimonio. Tienen enormes pérdidas y hay que trabajar sobre ellas”, afirmó Camacho según reporte de la agencia ABI
La evaluación comprende a 67 empresas públicas. La OFEP informó a comienzos de septiembre que había concluido y entregado el diagnóstico al Gobierno, con recomendaciones para analizar la continuidad, reorganización o cierre de las entidades, según su situación particular.
El anuncio tiene como antecedente el informe “Empresas Públicas Críticas – Datos a 2025”, presentado en julio. En ese documento, un grupo de 15 compañías registraba pérdidas acumuladas por Bs 5.177,1 millones, mientras que el conjunto de las empresas públicas sumaba Bs 12.742,8 millones, de acuerdo con la OFEP. Estos montos corresponden al reporte anterior y no constituyen un balance actualizado de las 20 empresas mencionadas por Camacho.
Entre las empresas mencionadas en el reporte con datos a 2025 figuran Mi Teleférico, con pérdidas acumuladas de Bs 2.039,2 millones; Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con Bs 527,7 millones; Boliviana de Aviación (BoA), con Bs 485,9 millones; y la Empresa Metalúrgica Karachipampa, con Bs 473,1 millones. También aparecen la Empresa Azucarera San Buenaventura, con Bs 336,3 millones; Yacana, con Bs 229,5 millones; la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), con Bs 197 millones; y Quipus, con Bs 116,1 millones. La relación corresponde al informe anterior y no identifica por sí sola a las 20 compañías señaladas en la declaración más reciente de Camacho.
El informe de julio también reportó que las 15 empresas analizadas habían recibido Bs 26.530,5 millones entre créditos, aportes de capital y donaciones. Ese monto representa recursos canalizados hacia las compañías y debe distinguirse de las pérdidas acumuladas.
Entre los casos citados por Camacho figura la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), dependiente del Ministerio de Defensa. Según la autoridad, la firma carece de embarcaciones para cumplir su cometido y actualmente se sostiene con el alquiler de dos pisos de un edificio.
Enabol arrastra antecedentes relacionados con la adquisición de una flota. La Memoria Institucional 2016 de la Procuraduría señala que, entre 2009 y 2011, suscribió 14 contratos por $us 28,9 millones para comprar dos empujadores o remolcadores, 16 barcazas y contratar su transporte marítimo. El documento registra un proceso penal vinculado con esas operaciones.
El marco para decidir sobre las empresas es el Decreto Supremo 5727, del 24 de septiembre de 2026, que declara prioritaria su reorganización, disolución o liquidación. Las medidas deben sustentarse en el diagnóstico de la OFEP y contar con la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep).
Una vez recibida la resolución que recomiende la disolución o liquidación, el ministerio responsable tendrá hasta 15 días hábiles para presentar el proyecto de decreto o anteproyecto de ley correspondiente, según la norma de creación de la empresa. El plazo se refiere a la presentación de la propuesta normativa, no a la conclusión del cierre.
La normativa también exige identificar a la entidad liquidadora, fijar plazos verificables y establecer el tratamiento de los activos, las deudas y las garantías del Tesoro General de la Nación. Además, dispone que la liquidación no exime de responsabilidades a los servidores y exservidores públicos vinculados con la gestión de la empresa./ EL DEBER
