La aprobación del proyecto de Ley Antibloqueo en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados generó cuestionamientos entre legisladores que sostienen que el texto, en lugar de establecer medidas efectivas contra los bloqueos, podría favorecer a quienes recurren a esa medida de presión.
Los diputados Carlos Alarcón e Israel Mérida observaron por separado el contenido del proyecto.
“Quiero denunciar ante el país que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley que es probloqueo y no un proyecto de ley verdaderamente antibloqueos”, afirmó el diputado Carlos Alarcón (Unidad).
El legislador cuestionó particularmente que el proyecto contemple sanciones para ministros, gobernadores, alcaldes y otras autoridades cuando no hubieran dado respuesta a las demandas planteadas por sectores sociales.
A juicio de Alarcón, esa disposición podría terminar convirtiéndose en un argumento para justificar medidas de presión y, al mismo tiempo, generar responsabilidad para las autoridades estatales.
“Lo que garantiza esta ley es la impunidad de los bloqueadores”, afirmó, al considerar que el texto aprobado no establece mecanismos suficientes para determinar responsabilidades penales y civiles de quienes participan en los bloqueos.
Alarcón sostuvo que el proyecto debería ser rechazado por el pleno y defendió la necesidad de aprobar una normativa que contemple sanciones penales, reparación integral de los daños ocasionados-
“Tenemos que seguir dando la pelea por una verdadera ley antibloqueos”, manifestó.
Mérida cuestiona el procedimiento y el contenido
Por su parte, el diputado Israel Mérida (Libre) cuestionó que, con esta ley, un sector social podría presentar una demanda ante la autoridad competente y, si considera que no recibió una respuesta, iniciar medidas de presión. Esto podría derivar en procesos contra la autoridad responsable y otorgar un argumento jurídico a los sectores que decidan bloquear.
“Esto no responde a la necesidad de la población boliviana”, sostuvo.
El legislador cuestionó además el alcance de las disposiciones respecto a alcaldes, gobernadores, ministros, el presidente y otros servidores públicos, puesto que son expuestas a responsabilidades ante demandas de sectores sociales que deriven en bloqueo.
Mérida también afirmó que el proyecto limitaría el margen de actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas frente a los bloqueos. Cuestionó que el texto no establezca con claridad responsabilidades para los autores materiales e intelectuales, así como para quienes eventualmente financien estas medidas de presión.
“Esta es una ley de protección a los bloqueadores”, sostuvo.
El diputado consideró que la propuesta no responde a la demanda ciudadana de garantizar la libre circulación y el acceso a servicios esenciales y observó que el texto se concentra principalmente en la judicialización de las actuaciones de las autoridades.
También cuestionó el alcance territorial de la iniciativa, al señalar que sus disposiciones se referirían principalmente a carreteras y no establecerían con suficiente claridad qué ocurriría con bloqueos que afecten vías férreas, transporte fluvial o aeropuertos.
Mérida anunció que realizará una labor de socialización de sus observaciones con el objetivo de evitar que el proyecto avance al pleno de la Cámara de Diputados en su actual redacción.
“No responde al espíritu de una ley antibloqueo”, afirmó./ERBOL
