El diálogo entre el Gobierno y las gobernaciones tendrá que superar una primera diferencia de fondo: mientras el presidente Rodrigo Paz Pereira plantea que las regiones deben concentrarse en generar inversión y ampliar sus propios ingresos tributarios, las gobernaciones consideran que la autonomía fiscal también requiere participar de manera estable en los recursos nacionales.
Paz aseguró ayer lunes que mantendrá un diálogo “fraterno” con gobernadores y alcaldes, pero marcó distancia con la demanda de abrir la coparticipación tributaria a los departamentos, que piden un 15% del 75% que corresponde al nivel central. Su propuesta es avanzar hacia el denominado “dominio tributario”, de modo que cada región pueda atraer inversiones, ampliar su actividad económica y recaudar más impuestos propios o cedidos para su administración desde el Estado.
“Más que la coparticipación tributaria es el dominio tributario”, sostuvo el mandatario, al defender un modelo en el que las regiones obtengan mayores ingresos a partir de su propia capacidad productiva.
La posición abrió una discusión que para Tarija va bastante más allá de escoger entre coparticipación o impuestos propios. El director de Autonomías de la Gobernación, Esteban Ortuño, considera que el dominio tributario forma parte de una estrategia departamental más amplia y que no puede utilizarse para cerrar el debate sobre la distribución de los recursos nacionales.
“Lamentablemente el Presidente sigue confundiendo conceptos. Descentralización no es lo mismo que autonomía”, cuestionó.
Tres leyes para cambiar el modelo
Ortuño explica que las gobernaciones están trabajando sobre tres instrumentos legislativos. El primero busca la redefinición de los dominios tributarios, para ampliar las posibilidades de generación de recursos propios de los departamentos.
La actual Ley 154 ya reconoce determinados impuestos de dominio departamental, entre ellos los relacionados con sucesiones y donaciones, vehículos de navegación aérea y acuática y determinadas afectaciones ambientales. La creación o modificación de estos tributos debe realizarse dentro de los límites establecidos por la propia norma y el Código Tributario.
Para el secretario de Finanzas de la Gobernación, Fernando Romero, avanzar en esta materia puede ayudar a Tarija a reducir su dependencia histórica de la renta hidrocarburífera, pero también pone un límite a las expectativas: tener dominio tributario no significa recibir automáticamente más dinero.
La Gobernación tendría que crear y administrar sus propios instrumentos tributarios, aprobarlos mediante la Asamblea Legislativa Departamental y desarrollar capacidades técnicas de recaudación y fiscalización. Y, sobre todo, debe existir una base económica suficiente para que esos nuevos impuestos generen ingresos significativos.
Por eso, Romero considera que el dominio tributario puede fortalecer la autonomía fiscal, pero no resuelve por sí solo la actual restricción financiera de la Gobernación.
El 50-50 como segundo frente
El segundo instrumento planteado por las gobernaciones es el 50-50, que pasó de ser una propuesta general del Gobierno a convertirse en una demanda que los departamentos buscan concretar jurídicamente.
Ortuño explica que la propuesta departamental consiste en que una parte de los recursos que actualmente retiene el nivel central pueda ser transferida a las gobernaciones, sin afectar las participaciones que corresponden a municipios y universidades.
“Demostramos que el 15% de coparticipación que se queda el Gobierno de su 75% vaya a los gobiernos departamentales”, explicó.
La propuesta tarijeña, según Ortuño, no busca quitar recursos a los gobiernos municipales ni a las universidades. La discusión apunta a encontrar dentro de la actual estructura de recursos nacionales una participación departamental que permita dar mayor estabilidad a las cuentas de las gobernaciones.
El planteamiento adquiere especial relevancia porque las administraciones departamentales sostienen que buena parte de las políticas productivas que se ejecutan en sus territorios generan actividad económica y, finalmente, recaudación tributaria que beneficia al conjunto del Estado.
“Las políticas productivas departamentales generan coparticipación de la que se beneficia el Estado y por eso merecemos coparticipar”, sostiene Ortuño.
La tensión es fiscal, pero también conceptual
El desacuerdo no está solamente en cuánto dinero recibirá cada nivel de gobierno. También existe una diferencia sobre qué debe entenderse por autonomía.
Para el Gobierno, la salida pasa por que las regiones sean capaces de generar inversión, ampliar sus mercados y aumentar su recaudación, sin embargo estos esfuerzos redundan en la coparticipación nacional, y no en el dominio.
Para las gobernaciones, eso es parte de la autonomía, pero no la sustituye. El argumento es que una verdadera descentralización fiscal requiere recursos propios, participación en los ingresos nacionales y capacidad efectiva para decidir sobre ellos.
En ese punto, el planteamiento presidencial encuentra una respuesta directa desde Tarija: no se trata de escoger entre dominio tributario y coparticipación, sino de construir un sistema que permita ambas cosas.
“Las gobernaciones tenemos proyectos de ley que marcan el camino autonómico”, afirma Ortuño.
El funcionario también cuestiona que el debate pueda reducirse a trasladar o repartir la deuda acumulada del Estado. “No tiene nada que ver con eso”, sostiene, al insistir en que el problema es estructural: quién recauda, quién decide y quién tiene los recursos para ejercer las competencias que la Constitución asigna a cada nivel de gobierno.
El diálogo, la prueba de fondo
Paz aseguró que está dispuesto a reunirse con los gobernadores y alcaldes y pidió que el debate se encare desde la cooperación y la estabilidad fiscal.
Las gobernaciones aceptan el diálogo, pero quieren que llegue acompañado de decisiones concretas.
Para Tarija, el debate autonómico no puede limitarse a una promesa de mayor capacidad para recaudar impuestos propios. La discusión incluye también el alivio de las obligaciones financieras, la redefinición de competencias, el acceso a recursos nacionales y un nuevo sistema de relaciones fiscales entre los distintos niveles del Estado.
La disputa por la coparticipación puede ser, por tanto, el primer gran pulso del nuevo ciclo autonómico. El Gobierno habla de que cada región genere y recaude más; las gobernaciones responden que para gestionar de verdad también necesitan participar de los recursos que genera el país.
El desafío del diálogo será encontrar un punto en el que descentralización económica y autonomía política dejen de ser conceptos intercambiables y se conviertan en recursos, competencias y capacidad real de decisión en los territorios./EL PAÍS
