El gobierno de Rodrigo Paz Pereira abrió ayer la posibilidad de modificar, reemplazar o abrogar el Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores, después de que productores de Yapacaní suspendieran un bloqueo y le die-ran 48 horas para dejar sin efecto la norma. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, reconoció que el decreto contiene “un pequeño error”, que no cumplió el objetivo para el que fue diseñado y que no puede permanecer como está.
El episodio marca el tercer retroceso del Ejecutivo ante una norma cuestionada, por presión popular: antes fueron el DS 5503 y el DS 5547.
Este conflicto vuelve a poner al gobierno ante una disyuntiva: sostener la medida o corregirla para evitar que el ajuste golpee a quienes producen alimentos.
La señal más contundente salió de la mesa de negociación instalada en Yapacaní. El acta firmada por Paredes, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacutt, dirigentes interculturales, autoridades y productores establece que el viceministro presentará a la comisión de gabinete un informe para solicitar la “anulación” del DS 5676 en un plazo de 48 horas. El documento señala como fundamento que la norma “no ha cumplido su objetivo de garantizar la provisión de combustible a los pequeños productores”. A cambio, los productores suspendieron la amenaza inmediata de bloqueo de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, aunque se declararon en estado de emergencia hasta que la abrogación sea publicada en la Gaceta Oficial.
Paredes fue todavía más explícito después de la reunión. Explicó que la intención original era que los pequeños productores mantuvieran acceso al diésel y la gasolina subvencionados, mientras que los grandes consumidores -mineros auríferos y grandes empresas agroindustriales- importarían su propio combustible a precios internacionales.
“Yo creo que ahí hay un pequeño error en el decreto”, sostuvo la autoridad, al anunciar que en 48 horas remitirá al gabinete y al presidente un informe sobre el impacto real de la norma. Su conclusión fue que el decreto debe ser reemplazado, modificado o abrogado, una decisión que corresponde al gabinete. La admisión coincide con el informe de la reunión, según los cuales la norma no cumplió su objetivo y generó problemas en su aplicación.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, justificó el despliegue de efectivos bajo el estado de excepción vigente y marcó el límite que el Ejecutivo pretende mantener frente a las protestas. Señaló que marchar, protestar, reunirse y expresar desacuerdo son derechos, pero que durante el régimen excepcional no está permitido bloquear carreteras, impedir el libre tránsito o afectar infraestructura crítica.
Añadió que el Gobierno mantiene abierta la negociación y trabaja en ajustes para mejorar el abastecimiento, especialmente para los pequeños productores.
La tensión, sin embargo, no desapareció con el acuerdo. Los productores suspendieron la medida, pero conservaron la presión mediante el estado de emergencia y el plazo de 48 horas. El propio texto firmado vincula la suspensión del bloqueo con la expectativa de que la norma sea abrogada. Si eso no ocurre, el conflicto puede volver a escalar en una zona estratégica para la producción agropecuaria y para la conexión vial entre Santa Cruz y Cochabamba.
Escala nacional
La oposición al DS 5676 no es solo un conflicto regional. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó para este jueves 27 de agosto a un Congreso Extraordinario en Warnes, con participación ampliada a las cámaras agropecuarias de todo el país. El único punto de su orden del día será la “abrogación del Decreto Supremo N° 5676”, una señal de que el reclamo se ha transformado en una posición nacional del sector productivo.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, calificó la norma como discriminatoria e improvisada. Según explicó, los productores agropecuarios consumen alrededor del 16% del combustible requerido por Bolivia y, pese a ello, consideran que el decreto concentra sobre el sector productivo un costo que no resuelve el problema de abastecimiento. También cuestionó que las colas no hayan desaparecido y afirmó que el mercado negro continúa operando.
La presión también llegó al sector gremial. La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia anunció movilizaciones en distintos departamentos una vez concluya el estado de excepción. Su secretario ejecutivo, César Gonzáles, señaló que la medida será asumida por el Comité Multisectorial, que reúne a más de 20 sectores, entre gremiales, transportistas, mineros cooperativistas, productores agropecuarios y comités cívicos provinciales. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto y Oruro ya articulan acciones.
Tercer retroceso
El politólogo José Orlando Peralta interpreta el movimiento como una señal de debilidad política del Ejecutivo. A su juicio, el Gobierno no dispone todavía del “suficiente músculo” para imponer una medida rechazada por productores, agroindustriales y otros sectores organizados. También considera determinante la capacidad de movilización de las organizaciones y el costo que tendría un nuevo bloqueo.
Desde el oficialismo surgieron posiciones divergentes. El presidente de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, del PDC, sostuvo que si técnicamente corresponde retroceder para generar consenso y encontrar una solución al problema, el paso atrás puede ser positivo y no perjudicar a la población.
En contraste, el diputado Gabriel Corvera, de la alianza Unidad, expresó preocupación porque el Gobierno estaría retrocediendo después de iniciar un proceso de sinceramiento de los precios de los hidrocarburos.
El antecedente más contundente ocurrió en diciembre de 2025, cuando el Gobierno aprobó el DS 5503, un paquete de 121 artículos que eliminaba la subvención a los combustibles e incorporaba otras medidas económicas. Las protestas, bloqueos y movilizaciones de la COB obligaron al Ejecutivo a negociar y el 12 de enero el decreto fue abrogado mediante el DS 5516.
El segundo episodio ocurrió en febrero. El DS 5547 estableció un arancel cero para la importación de grano de soya hasta diciembre de 2026. Productores de soya y arroz, particularmente del Norte Integrado cruceño, rechazaron la medida por considerar que afectaba a la producción nacional.
Con el DS 5676, el Gobierno enfrenta ahora un tercer caso de una norma que nació con un objetivo declarado, pero que terminó generando la presión social suficiente para obligar a su revisión./EL DEBER
