La crisis por la calidad de la gasolina en Bolivia se mantiene vigente, y también ha comenzado a modificar hábitos, afectar la producción y golpear incluso al aparato público. En ciudades fronterizas como Bermejo, cada vez más conductores optan por cruzar a Argentina para cargar combustible, mientras en Tarija se acumulan denuncias por vehículos dañados, incluidos 14 motorizados de la Gobernación que han quedado fuera de circulación.
En medio de la desconfianza hacia el carburante que se comercializa en Bolivia, usuarios han encontrado una alternativa más costosa, pero —según afirman— más segura, abastecerse en territorio argentino.
El exdirigente cívico de Bermejo, Wilson Cardozo, explicó que quienes cuentan con seguro internacional están cruzando la frontera para llenar sus tanques. Aunque el precio bordea los 12 bolivianos por litro —unos tres bolivianos más que en el mercado nacional—, la decisión responde a un criterio de prevención.
“Prefiero pagar más, pero tener calidad, a que el motor del vehículo se arruine”, sostuvo, al advertir que las reparaciones pueden oscilar entre los 5.000 y 10.000 bolivianos.
Esta práctica, que antes era esporádica, comienza a expandirse entre transportistas y particulares, configurando una señal clara de pérdida de confianza en el suministro local.
La gasolina sigue circulando
A pesar de los anuncios de autoridades como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que aseguran la normalización de la calidad del combustible, los testimonios en Tarija apuntan en sentido contrario.
Conductores, mecánicos y sectores productivos coinciden en que los problemas persisten, motores con fallas recurrentes, pérdida de potencia y daños internos que obligan a costosas reparaciones.
A esto se suma el reclamo por los trámites de resarcimiento. Usuarios denuncian procesos burocráticos y lentos para acceder a compensaciones, lo que desalienta a muchos afectados a iniciar los reclamos formales.
Impacto en la producción
El problema ha comenzado a trasladarse más allá del transporte y afecta directamente a sectores productivos. Desde la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) Tarija, su representante, Vladimir Acuña, alertó sobre las consecuencias en distintas actividades.
Uno de los casos más ilustrativos es el de la carpintería. Según explicó, la gasolina adulterada afecta la calidad de los acabados, ya que impide que el barniz se adhiera correctamente a la madera, obligando a repetir procesos y encareciendo la producción.
Dejó entrever que el daño también es en maquinaria, en ese orden, anunció que harán conocer esta problemática al Gobierno nacional durante la visita presidencial por el aniversario de Tarija.
El Estado también siente el impacto
La crisis no distingue sectores. El gobernador de Tarija, Oscar Montes, confirmó que al menos 14 vehículos oficiales han resultado dañados por el uso de combustible de mala calidad.
La situación se agrava por el contexto de transición institucional. Según explicó, los motorizados no están siendo reparados debido al cierre de contratos con talleres mecánicos, por lo que permanecerán en garaje hasta que la próxima administración asuma funciones y defina soluciones.
Montes también puso en duda la versión oficial que atribuye el problema a un supuesto sabotaje. A su criterio, resulta improbable que se haya adulterado el carburante en miles de cisternas, por lo que sugirió que el origen del problema podría estar en la compra de combustible que no cumplía con los estándares de calidad.
En ese sentido, instó a una investigación para identificar responsabilidades en la cadena de adquisición.
Millonarios resarcimientos
En paralelo, el Gobierno ha reconocido el problema y ha comenzado a desembolsar compensaciones. Según el presidente, Rodrigo Paz, se han destinado cerca de 9 millones de bolivianos para cubrir los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada.
“Lo hacemos porque sabemos que no se hizo bien”, afirmó el mandatario en un acto público, en el que también anunció acciones contra presuntas irregularidades en el sector hidrocarburífero.
A través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), YPFB canaliza los reclamos de los afectados, mientras que la empresa proveedora Vitol habría aceptado ajustar los estándares de calidad mediante una adenda contractual. (EL PAÍS TARIJA)