“El Gobierno hizo lo que tenía que hacer”, dijo la defensa del exmandatario al referirse a la represión militar que dejó más de 60 muertos y centenares de heridos en El Alto.

Sánchez de Lozada acusa a Evo y a El Mallku por la crisis de 2003

03/07/2018 - 08:30
Opinión

Los abogados del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez, sometidos a juicio civil en EEUU por las muertes en las protestas de 2003, culparon ayer de los hechos al mandatario Evo Morales y al líder aimara Felipe Quispe, conocido como El Mallku (el Cóndor).

En el segundo día del juicio, la abogada Ana Reyes aseveró que "no hubo un plan (del Gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente" y que los responsables de estos "trágicos" hechos son Morales, líder por entonces del sindicato de cocaleros, y Quispe, dirigente aimara y exmiembro de un grupo indigenista armado.

El juicio abierto este lunes en un tribunal de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) obedece a una demanda planteada en EEUU contra ambos expolíticos por familiares de ocho personas muertas durante las protestas que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada y su Gobierno en octubre de 2003.

Etapa final de un proceso iniciado en 2007, el juicio se va a desarrollar a lo largo de "unas cuatro a cinco semanas", según el cálculo del juez James I. Cohn, con el fin de determinar si las dos exautoridades son responsables de esas ocho muertes y, si lo son, cuanto deben pagar como indemnización a los demandantes.

ARGUMENTOS Reyes aseguró que en octubre de 2003, durante las protestas conocidas como la Guerra del Gas, La Paz enfrentaba una "crisis total", en un país "inestable", con bloqueos de vías y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez de suministros, comida y combustible y amenazas de saqueos.

A esto habría que sumar, según la versión de los abogados de los demandados, que como resultado de las violentas protestas murieron "transeúntes inocentes", turistas fueron bloqueados en pueblos turísticos y hubo infraestructuras destruidas con dinamita.

Ante este panorama, dijo, "hacer nada no era una opción".

"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer", en referencia a una intervención militar que se produjo en un ambiente en el que incluso el presidente Sánchez de Lozada estuvo en peligro, después de que su oficina fuera objeto de un tiroteo, lo mismo que la democracia, afirmó Reyes.

Posteriores investigaciones de tres fiscales bolivianos determinaron que la fuerza militar que se utilizó en varios de los disturbios fue "proporcional y de forma controlada", agregó.

Reconoció que lo sucedido en Bolivia en 2003 fue "trágico", y advirtió de que durante el juicio el jurado va a escuchar testimonios de varias víctimas, pero que los responsables de lo ocurrido no están hoy en la corte, sino que son Morales y Quispe.

RESPONSABLES Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, que piden indemnizaciones al considerar que sus familiares fueron tiroteados por efectivos del Ejército boliviano, dijo en sus alegatos iniciales que durante el juicio el jurado escuchará lo que "realmente pasó en 2003".

"Cada una va a decir parte de esa historia, esto no es una prueba, queremos que escuchen y entiendan lo que pasó", afirmó el abogado, quien aseguró que durante el juicio mostrará que el expresidente y el exministro de Defensa fueron responsables de las muertes al autorizar la intervención militar para aplacar las protestas por todos los medios.

Víctimas

El juicio civil que se desarrolla en EEUU contra Goni y Sánchez Berzaín fue presentado por familiares de ocho víctimas fatales, pese a que en la masacre de octubre de 2003 murieron más de 60 personas y cientos fueron heridos.

Muerte de la niña de Warisata
Los primeros llamados a testificar fueron dos indígenas, Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos, padres de Marlene Nancy Rojas, una niña de ocho años que falleció cuando una bala entró en la casa donde vivía en Warisata, en la comunidad de Cariza.

Rojas Mamani dijo que el 20 de septiembre de 2013, día de la muerte de su hija, los militares mantuvieron un tiroteo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en las cuatro comunidades de Warisata, entre ellas Cariza, pese a que los indígenas asentados allí no estaban protestando ni dispararon a los militares.

Sobre la versión de los demandantes de que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín pidieron una investigación de los hechos, Reyes señaló que no lo hicieron porque dejaron sus cargos, pero que el expresidente sí pidió a la ONU que esclareciera los hechos.

Por segundo día, ambos demandados estuvieron presentes en la corte, aunque no están obligados a comparecer. 

Albarracín: Lo que hubo en El Alto es un genocidio
LA PAZ/ANF

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, manifestó ayer que existen pruebas contundentes del genocidio ocurrido durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

"Dimos el testimonio de que se hicieron muchos esfuerzos para buscar una solución pacífica en octubre de 2003, pero el Gobierno nunca mostró la voluntad política. Hay pruebas contundentes del genocidio practicado por Sánchez de Lozada. No se puede hablar de enfrentamiento", manifestó el rector de la UMSA a través de su cuenta en Twitter.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín enfrentan en Estados Unidos un juicio civil por la denominada masacre de Octubre Negro de 2003, cuando más de 60 personas perdieron la vida.

Goni puede pagar millonario resarcimiento

LA PAZ/ANF

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín comparecen estos días en una corte de EEUU en un juicio civil que podría obligarles a un pago millonario a los familiares de ocho fallecidos a causa de la represión militar de Octubre de 2003.

Aunque los abogados de las víctimas no han aceptado mencionar cuál es la cifra que aspiran obtener del proceso contra ambas exautoridades si son halladas responsables, el monto por cada fallecido, podría superar el millón de dólares.

Para lograr el resarcimiento, la acusación debe demostrar que el expresidente y su exministro tuvieron "la intencionalidad" de matar en los hechos represivos de octubre, que terminaron con la muerte de más de 60 personas.

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