Ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña están tras las rejas y la justicia española también pretende el arresto de su presidente, Carles Puigdemont, así como de los cuatro consejeros que lo acompañan en Bélgica.

Rebelión, sedición, malversación: de qué acusan exactamente en España a Carles Puigdemont y los otros miembros del destituido gobierno de Cataluña

11/05/2017 - 08:15
BBC MUNDO

Todos tienen en común su decidido apoyo a la causa de la independencia catalana y, como queda claro en los autos dictados por la jueza que lleva la causa, su imputación está vinculada a "la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república".

Pero, en lo concreto, la acción judicial se centra en la posibilidad de que en la búsqueda de esa independencia tanto Puigdemont como su gabinete hayan incurrido en una serie de delitos punibles con varios años de prisión.
Específicamente, a todos los procesados se les imputan los delitos de rebelión y sedición, además de malversación.
Y en la orden de captura internacional extendida por la jueza Carmen Lamela contra el expresidente de la Generalitat también se incluyen otros dos posibles delitos: desobediencia y prevaricación.

En el caso de Puigdemont, la justicia belga ahora tiene que evaluar y decidir sobre la orden de captura y, según los expertos, en caso de apelación el proceso podría llegar a tomar varias semanas.

Rebelión, el más polémico
La más grave, pero también la más polémica de todas las acusaciones que pesan contra Puigdemont y su gobierno es la de rebelión, delito que está consagrado en el artículo 472 del Código Penal español y conlleva penas que van de 15 a 30 años de cárcel.
Según dicho artículo, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para una serie de fines entre los que se incluye el "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
Y el auto de la jueza Lamela sugiere que los independentistas catalanes podrían haber incurrido en al menos otras dos causales: "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" y "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".

Este último punto remite al rol de la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, durante su pulso con el gobierno central.

 

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